A dos años de que la gente de Comachuén solicitara, y lograra su propósito, no sin múltiples obstáculos del ayuntamiento de Nahuatzen y por integrantes de la estructura de partidos políticos al interior de la comunidad, (algunos de ellos en la administración pública encargada de la atención a pueblos indígenas), el devenir se vislumbra azaroso e incierto para las localidades que optaron por hacer valer el derecho a la autonomía, así sea únicamente financiera.
Es sabido que la vida interna de las comunidades indígenas cuenta con una cantidad considerable de rasgos y actividades que dan cuenta de la forma de vida un tanto independiente, muchas veces orillados por el abandono institucional del Estado y no siempre por reivindicación propia. La Muerte Tiene Permiso, de Edmundo Valadez es, muchas veces, referencia ficticia de actos a los que se ven orillados en la realidad los campesinos y la población rural por este abandono.
A pesar de ser ya varias las localidades indígenas que han logrado la asignación del llamado “recurso directo” son numerosos los retos que deben enfrentar y han sido ya varios los desencuentros que se han dado al interior de las mismas. Negarlo no hace sino postergar la necesidad de trabajar en mecanismos de solución, amén de generar argumentos reaccionarios en torno a la idea de que las comunidades no tienen capacidad para realizar eficientemente tareas de administración pública.
Una tarea pendiente, además de lidiar permanentemente con las estrategias legales o extralegales de los ayuntamientos que buscan a toda costa evitar la asignación de estos recursos, adoptando, en algunos casos, actitudes francamente patrimonialistas, como en el caso del Ayuntamiento de Quiroga ante la solicitud de Santa Fe de la Laguna, en el que la presidenta municipal en una actitud que refleja no solo poca sensibilidad sino torpeza política, confunde fondos públicos con recursos propios, es la de proponer procesos y figuras administrativas que no actúen en detrimento de las formas de organización internas, pues es sabido el desplazamiento que han sufrido las autoridades tradicionales y jefes de tenencia por los contralores, muchas veces encargados de distribuir y comprobar los gastos administrativos y de obra realizados. De seguir esta tendencia, tendremos que la Secretaría de Finanzas del Estado será quien determine la vida interna de las comunidades y no las autoridades electas en asamblea.
Obviamente, urge la legislación correspondiente a fin de garantizar el acceso efectivo a estos fondos ante solicitud simple por acuerdo de asamblea o por acuerdo de partes localidad indígena-ayuntamiento que disminuyan los recursos legales interpuestos por funcionarios municipales neocolonialistas que no hacen sino contravenir lo dispuesto en La Constitución.